“Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, así titularon su desplegado una variopinta mezcla de periodistas, escritores e intelectuales para criticar las tentaciones de poder de López Obrador y llamar a una desacreditada oposición a la unidad para las elecciones de 2021.
López Obrador, en su elemento, les respondió con una perla retórica: Bendito coraje. Y anunció allí su estrategia electoral: Lozoya cantará y de su canto saldrán los corruptos. Los suficientes y los necesarios para mantener la polarización y la narrativa presidencial contra el pasado neoliberal.
Todos hablamos del Caso Lozoya: recibido en un hospital de cinco estrellas desde su arribo a México y presentado días después ante la autoridad. Si en México la justicia siempre ha sido selectiva, Lozoya es el “trato especial” encarnado en tiempos donde se pregona que nadie está por encima de la ley.
Ya hay, incluso, una larga y manoseada lista de nombres panistas, priistas y ningún morenista juzgados en el tribunal mediático.
No tengo duda que el proceso contra Lozoya será un gran circo. Lo confirma la reticencia de la FGR a hacerlo público. Lo que significa que la información que surja del mismo será manejada de acuerdo a la política y no a la ley.
Y no me malentienda: celebro ver a un corrupto como Lozoya afrontar las consecuencias de sus actos. Sé, por experiencia propia, que en PEMEX se movía mucho dinero para fines distintos a su naturaleza (como comprar a columnistas y medios). Allí, en una oficina de los pisos más altos, me dijeron una vez: “Evítate el viaje, no estás en la lista”. Por supuesto, no me interesaba ser parte de ella. El gobierno de Peña nos vetó de publicidad oficial desde principios de su gobierno.
Pero aún con la exhibición en la plaza pública, tengo serias dudas de que Lozoya pise alguna vez la cárcel. Basta ver su trato privilegiado y la utilidad de la información que posee para fines propagandísticos y electorales.
Y mientras el circo se prepara para una larga función, los datos más recientes dan cuenta de la realidad: la crisis económica, la pobreza, la inseguridad y la pandemia arrecian.
El consenso es que la pérdida de riqueza rondará los 10 puntos del PIB en 2020; el empleo formal sigue cayendo en julio y ya hay 12 millones de personas en edad de trabajar en México sin ocupación; 93 por ciento de las empresas han sido afectadas por la pandemia y solo el 7 por ciento (la proporción contraria) ha recibido algún apoyo extraordinario; la violencia abruma y el promedio de homicidios dolosos es de 100 diarios (uno cada 15 minutos); la pandemia mantiene su ritmo de crecimiento y el país ya acumula 402 mil casos confirmados y casi 45 mil decesos con un presidente que se rehúsa a poner el ejemplo usando un cubrebocas, mientras sus secretarios hacen malabares para justificarlo; y la militarización del país avanza hasta aduanas y puertos dejando renuncias civiles en el camino.
Acaso dos buenas noticias: el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE dejó un buen sabor de boca en general, a pesar del sainete de John Ackerman y el PT; y la propuesta de reforma al sistema de pensiones surgió de un acuerdo entre el gobierno federal y el sector privado, a quien le urgía reconstruir puentes con el presidente.
Mientras no haya vacuna ni tratamiento, la crisis seguirá con nosotros. No hay señales de un rebote económico y sí muchas de una recuperación sumamente lenta. Lo que significa que más negocios cerrarán y más personas perderán su empleo en el futuro.
En resumen, vienen meses de mucho circo y poco pan. ¿Les alcanzará a López Obrador y Morena el Caso Lozoya para refrendar su poder en 2021? Yo lo dudo: las crisis económicas siempre causan crisis políticas. A menos que el llamado a cuentas sea el expresidente.
Por Adrián López (El Noroeste), Periódico Reforma, 29 de julio del 2020