El COVID-19 dejará al mundo lecciones que debemos aprender y servirán para mejorar todo aquello que nos ha rebasado.
Es claro que lo primero es la salud, en México se estableció para ello el Consejo de Salubridad General, instancia constitucional encargada de enfrentar las emergencias sanitarias; ahora, nos comienza a alcanzar la emergencia económica y surgen diversas propuestas y debates tales como, si es necesario reformar la Constitución o solo las leyes para ajustar el gasto gubernamental; si es conveniente contar con una ley de emergencia; si debe crearse un consejo para la emergencia económica o solo un consejo fiscal, entre otras.
Lo cierto es que ambas emergencias corren paralelas.
La de salud deberá “achatar la curva” e irá en rumbo descendente hasta desaparecer en la fase 5 que marca la OMS y, cuando ello ocurra, la económica se convertirá en el reto mayor de la atención gubernamental.
Sin embargo, no debe perderse de vista una parte fundamental de la salud que se afecta colateralmente y que no está midiéndose, que es silenciosa y tiene también efectos que pueden ser letales, me refiero al daño a la salud que se presenta tanto en la etapa de la crisis de bienestar físico, como en la de la crisis económica y que una vez superada la primera puede incluso agudizarse en la segunda: la salud mental, esa que afecta a los enfermos del virus, a sus familiares, a los que los atienden; a quienes el encierro exacerba los nervios o conduce a la depresión; a los que la falta de recursos los lleva a la ansiedad, al temor y hasta al suicidio.
Sí, la salud mental es indispensable para enfrentar el estrés y es un reto adicional que tiene que atender el gobierno y cuidar la sociedad. Es necesario reformar la Ley General de Salud a fin de que el Consejo de Salubridad General elabore un Plan Nacional de Salud Mental y adicionar esta tarea a las que tiene dispuestas en el artículo 17, pues hasta ahora los esfuerzos se encuentran dispersos, desagregados y son poco conocidos; existen teléfonos de apoyo en universidades, en instituciones locales o federales, pero no existe una estrategia nacional o plan general que rija estos apoyos, cada quien los brinda con las mejores intenciones pero de acuerdo a su leal saber y entender.
Lo cierto es que no son pocas las personas que, como explica la OMS, presentan alteraciones por la catástrofe como son: duelo, depresión, ansiedad y estrés postraumático. En su reporte de 2017 documentó más de 300 millones de personas con depresión y más de 260 millones con ansiedad e indicó la presencia y aumento de estos padecimientos en situaciones de emergencia.
El Atlas de Salud Mental y el Plan de Acción Integral para la Salud Mental 2013-2020 registran que los sistemas de salud en el mundo no han dado una respuesta adecuada a los trastornos mentales.
En los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento y solo se destina un gasto anual de US$0.25 por persona y en los países de ingresos elevados, entre un 35% y un 50% y solo US$2, respectivamente.
México debe atender esta problemática cumpliendo los compromisos adquiridos con la OMS y evitar, sobre todo, que estos males silenciosos, poco conocidos, a veces inadvertidos pero mortales, sean una secuela más que hiera a la gente de nuestro país después del COVID-19.
Por Miguel Ángel Mancera, Periódico Reforma, 8 de mayo del 2020