El Consejo de la Judicatura Federal pudo otorgar seguridad personal tan solo al 14% de los jueces que lo solicitaron durante 2019.
De las 303 peticiones valoradas ese año, sólo se hicieron 42 asignaciones de escoltas, vehículos blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales, según el Informe de Labores del organismo de ese año.
Impartidores de justicia consultados revelaron que hay reglas no escritas sobre la asignación de personal de seguridad y unidades blindadas.
“En la actual Administración, si tienes escolta te buscan cambiar de adscripción para quitártela y por eso algunos jueces y magistrados prefieren no pedir o renunciar a sus escoltas para que no los cambien a otro Circuito”, dijo uno de ellos a condición de anonimato.
Otro mencionó que, además, a los juzgadores con personal de custodia y vehículo blindado se les descuenta la ayuda mensual de “traslados” (entre 8 mil y 10 mil pesos al mes), además de que deben pagar la gasolina.
A esa situación atribuyen que durante el año 2019 se retiraron 145 asignaciones de vehículos, chalecos o escoltas.
En esa situación se encontraba el juez Uriel Villegas Ortiz, asesinado el martes pasado junto con su esposa, frente a su domicilio en la ciudad de Colima. Villegas confirmó en un oficio firmado el 21 de febrero del 2019 que renunciaba al vehículo, al chaleco blindado y a los escoltas.
Al final del sexenio de Felipe Calderón, la Judicatura había triplicado su flota de camionetas blindadas.
El año pasado, 91 impartidores de justicia usaron unidades blindadas, 80 ya las tenían y a 11 les fue asignada por vez primera, mientras que otros 49 dejaron de usarlas, según el Informe 2019 del Consejo de Vigilancia del CJF.
Con información de Abel Barajas, Periódico Reforma, 19 de mayo del 2020