La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la reforma a la ley para ampliar por 3 años más el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que había sido aprobada por el Congreso local de ese Estado en 2019.
El Pleno de la Corte resolvió por unanimidad que la ampliación del mandato del Gobernador de Morena, Jaime Bonilla violaba la Constitución, los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección, irretroactividad de las leyes y derecho al voto.
“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada; pero apreciadas en su conjunto, e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución; un efecto corruptor de rango Constitucional”, señaló con tono de indignación, el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
“Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que éstos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas”, complementó Zaldívar.
El ministro Juan Luis González categorizó la reforma como un atropello al derecho al voto libre, secreto y directo, mientras que Alfredo Gutiérrez la clasificó como un ataque al corazón de la democracia.
“Cuando los representantes traicionan a sus representados, nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y nuestra Constitución”, comentó Norma Piña, quién se refirió a la previa decisión de los diputados del Estado de Baja California como un abuso de su autoridad.
Yasmín Esquivel dijo que la Corte sienta este precedente para evitar que cualquier autoridad federal, estatal o municipal cambie las reglas sobre el voto ya emitido, y pretenda perpetuarse en el cargo.
“Prorrogar desde el poder político el periodo de duración de mandato para un cargo ya elegido, implica pretender evitar que exista una verdadera contienda, y se convertiría en una reelección disfrazada, ignorando y despreciando por completo la voluntad del pueblo elector”, agregó Luis María Aguilar.
La ministra Margarita Ríos-Farjat recordó que el artículo 105 de la Constitución prohíbe reformas en los 90 días previos al inicio oficial de los procesos electorales. Esto significa, para el caso de Baja California, que desde junio de 2018 ya no era posible cambiar el periodo de dos años establecido para el Gobernador de la elección de junio de 2019.
La eliminación de la llamada Ley Bonilla era previsible. Desde 2006, la Corte estableció precedente en el sentido de que los periodos de los funcionarios de elección popular no pueden ser alterados después de los comicios. La única duda era si alguno de los Ministros en funciones (ninguno de los cuales votó hace 14 años), defendería la maniobra de Baja California, pero la Suprema Corte fue consistente en este sentido a pesar de estar integrada por nuevos Ministros.
El argumento del Gobierno de Baja California era que hacer dos elecciones para gobernador en dos años sería muy costoso, y que era mejor empatar la próxima elección de Gobernador con la elección Federal de 2024, pero la estrategia fue rechazada.
“La modificación extemporánea de la duración de los cargos de elección popular no puede justificarse Constitucionalmente mediante su idoneidad o conveniencia desde el punto de vista económico o de la organización o planeación gubernamental”, confirma la sentencia, que elaboró el Ministro Fernando Franco.
El Ministro Alberto Pérez Dayán dijo que no basta con que se diga que se amplió el periodo porque el pueblo quiere, porque aunque la gente lo pida, si se violan los principios de la democracia, es inválido.
También se negó validez a la orden del Tribunal Electoral del Estado, dictada en marzo de 2019, de agregar tres años al periodo del gobernador que sería electo en junio, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó ese fallo pocos días después.
Efectos de la anulación de la “Ley Bonilla”
Con la sentencia, volverá a estar vigente el artículo transitorio de la Constitución estatal publicado el 17 de octubre de 2014, que fijó el mandato de dos años para el que Bonilla fue originalmente electo, y su sucesor gobernará del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2027.
Por lo tanto, Baja California tendrá elección para Gobernador en junio de 2021, al mismo tiempo que el resto de las elecciones federales, cuyo proceso electoral comenzará en los próximos meses.
La sentencia tendrá efecto cuando la Corte notifique al Congreso local de Baja California sobre esta resolución, dejando sin efecto toda norma secundaria o acto administrativo que hiciera referencia al mandato de cinco años.
El Congreso local no podrá aprobar reformas adicionales para que Bonilla busque su reelección en 2021, pues el artículo 116 de la Constitución federal prohíbe de manera muy clara que gobernadores electos en las urnas, vuelvan a ocupar el mismo cargo.
Con información de Víctor Fuentes, Periódico Reforma, 11 de mayo del 2020